La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió dos órdenes de no innovar, lo que, según el Ministerio de Minería, “no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso”.
Entre otras, destacan el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público, priorizando el consumo para las personas y asegura el resguardo de los ecosistemas.
